La muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar en Santiago, continúa generando conmoción nacional tras nuevas revelaciones sobre las irregularidades en la actividad y el manejo del caso por parte del centro educativo.

La información recopilada por las autoridades y periodistas de investigación señala que la excursión no cumplía con los protocolos establecidos, lo que ha provocado una fuerte reacción pública y demandas de justicia.

Según los reportes obtenidos, la madre de la menor recibió una llamada del colegio informándole que su hija se encontraba descompensada, pero al llegar al lugar de la excursión se encontró con un escenario lleno de incertidumbre.

Alega que no recibió explicaciones claras sobre lo sucedido y que el personal del centro se mostró evasivo respecto a los detalles del incidente.

Este comportamiento ha despertado sospechas sobre el manejo inicial del caso y la posible intención de minimizar las responsabilidades.

Las investigaciones revelan que la excursión no había sido reportada a las autoridades educativas, como exige la normativa vigente.

Además, el centro educativo no contaba con autorización para actividades acuáticas, pese a llevar a los estudiantes a un espacio con piscina.

También se determinó que no existía personal especializado en salvamento ni los equipos necesarios de seguridad, fallas que han sido catalogadas como negligencias graves.

Otro elemento que salió a la luz son los testimonios de exalumnos y familiares, quienes aseguran que la menor había sido víctima de bullying dentro del colegio.

Se mencionan agresiones verbales relacionadas con su origen y actitudes discriminatorias que presuntamente no fueron atendidas a tiempo.

Esta dimensión del caso ha generado preocupación sobre el ambiente escolar y la ausencia de mecanismos efectivos para abordar situaciones de acoso.

El Ministerio Público ordenó el arresto de cuatro miembros del equipo directivo del centro educativo, entre ellos la directora administrativa y varias coordinadoras, señaladas por su posible responsabilidad penal en la organización de la actividad sin cumplir las medidas de seguridad requeridas.

Estas detenciones se realizaron como parte de una investigación más amplia que incluye revisión de documentos, entrevistas y análisis del personal involucrado en la excursión.

Pese a los avances judiciales, los abogados de la familia denuncian que el expediente contiene inconsistencias importantes.

Indican que no se han presentado todas las evidencias, incluyendo el material audiovisual grabado durante el paseo.

También aseguran que todavía no se ha establecido una línea de tiempo completa que permita reconstruir con precisión los momentos previos al fallecimiento de la niña, lo que mantiene abiertas varias hipótesis.

El caso ha provocado que las autoridades educativas analicen la normativa que regula las salidas escolares con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad.

Padres y representantes de distintas comunidades educativas han manifestado su preocupación y han pedido mayor supervisión en las actividades extracurriculares, así como sanciones para quienes incumplan las disposiciones oficiales.

Mientras la investigación continúa, la familia de Stephora exige justicia y claridad total sobre lo ocurrido.

La comunidad de Santiago y gran parte del país se mantienen atentos al desarrollo del proceso judicial, a la espera de que se establezcan responsabilidades y se garanticen medidas que eviten que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La muerte de la menor ha generado un profundo impacto nacional, reforzando el llamado a una mayor protección para los estudiantes y a una actuación transparente por parte de las instituciones educativas.